Lo que les entrego aquí es un interesante análisis de la situación nacional y de las perspectivas en el corto y mediano plazo, para el debate. Espero sea del interés de todos.
Chile: Analisis de situación politica nacional
Por: María Cristina Delgado Briceño
Fuente: La tribuna hispana USA
¿Se viene la Gran Crisis Económica el 2008?
No, al menos para los dueños del poder y la riqueza: los grandes grupos económicos y las élites políticas, tecnocráticas y culturales vinculadas a ellos y al sector más dinámico de la economía del país.
Los EE.UU. de Norteamérica ya están en recesión, es cierto, pero la economía mundial actualmente está siendo empujada por el crecimiento de las economías de la India y China, nuestro primer socio comercial. Aunque Europa corre el riesgo de ser arrastrada a la recesión por su socio, y aunque con la globalización todas la economías están muy interrelacionadas en la economía-mundo, un crecimiento más lento de estos dos países aún permitirá que los precios de las materias primas continúen altos en los mercados internacionales, lo que favorece a países primario-exportadores como el nuestro, especialmente a las más grandes empresas donde se concentra la propiedad y los envíos (con incrementos en los precios internacionales del Cobre, Molibdeno, Oro, Plata, Celulosa y Salmón) asegurando un flujo constante de dólares a sus economías. En el caso de Chile, por ejemplo, totalizando exportaciones por alrededor de US$67 mil millones, y logrando un superávit comercial de US$25 mil millones para el ejercicio 2007, estando ya en el último trimestre del año pasado la economía del país del norte en recesión.
El problema para nuestros países, es más bien que producto de las condiciones históricas de desarrollo del imperialismo, la mayoría del ahorro y de los intercambios comerciales y financieros, aún entre las llamadas “economías emergentes” del hemisferio sur y Asia, son intermediados por agentes e instituciones financieras de los países centrales, especialmente de los Estados Unidos. Aunque en la economía real haya buenos precios internacionales para nuestros productos, y los volúmenes de producción, exportación e intercambio sean cada mes mayores, el riesgo reside en los mercados financieros. De ahí el temor al contagio por la crisis estadounidense y el temor de las clases dominantes de esos países a perder poder frente a iniciativas como el Banco del Sur, promovido por los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, para constituir un ente financiero independiente del control de los países centrales, donde nuestro gobierno ha declinado diplomáticamente participar, ratificando así su actitud servil ante el imperio.
Por otra parte, las políticas neoliberales de los últimos 34 años vienen generando en nuestro país las condiciones para que el impacto de una crisis externa sea menor, por ejemplo, por la solidez del sistema bancario. También, por políticas monetarias que han mantenido hasta hace poco la inflación en niveles manejables. Por políticas fiscales contra-cíclicas, que han llevado a un bajo endeudamiento en las cuentas del Estado y a un superávit estructural que el 2007 alcanzó un récord de cerca del 10% del PIB, acumulando excedentes por cerca de US$40 mil millones durante los últimos cuatro años. Por otra parte, si bien el Banco Central perdió coyunturalmente el control de la inflación el 2007, negándose a impulsar políticas que favorecieran el crecimiento y el empleo, logró mantener reservas internacionales por casi US$ 17 mil millones, lo que en conjunto con las cifras anteriores aseguran un piso mínimo de financiamiento para la economía chilena dentro de los próximos tres o cuatro años, lo que tiene bastante tranquilas a nuestras clases dominantes.
Es por esto que, entre otras cosas, una de las más importantes consultoras financieras internacionales, Standard & Poor´s, mejoró recientemente la clasificación de riesgo-país de Chile (A+), dando a entender que es un país relativamente seguro, estable y rentable para invertir, aunque eso no diga nada sobre las condiciones sociales y laborales que permiten esa condición, y que se haya logrado a costa de empobrecer a la gran mayoría de sus habitantes.
La economía capitalista en Chile podrá presentar algunas dificultades en las cifras macroeconómicas, pero estructuralmente está en un momento de solidez frente a estas turbulencias internacionales.
Lo demuestra el crecimiento de las utilidades de las diez más grandes empresas el 2007, de un 21% respecto al 2006: US$ 11 mil 726 millones libres de impuestos y que representan el 60% del total de utilidades registradas por las grandes empresas el año pasado -US$20 mil 597 millones- y a sólo siete grupos económicos. O las ganancias obtenidas por las grandes mineras los últimos tres años, unos US$ 45 mil millones. Tanto dinero en manos de unos pocos grupos económicos, que durante el año pasado aumentaron sus inversiones en el extranjero en un 83%, alcanzando US$ 17 mil 319 millones, porque el país les queda chico como mercado, porque ni se les ocurre traspasar esas inmensas utilidades a las remuneraciones de los trabajadores, porque no piensan pagar impuestos y porque a pesar del patrioterismo fascista de las clases dominantes, a la hora de hacer buenos negocios los billetes son su única bandera.
También lo demuestra la proyección de crecimiento del PIB para el 2008, estabilizado en torno a un rango entre el 4 y 5%, y la proyección de un superávit comercial cercano a los US$18 mil millones para el mismo período. También, los casi US$22 mil millones que invertirá el sector público y privado en el sector minero para el quinquenio 2007-2011 o los cerca de US$14 mil 700 millones que invertirán los grandes grupos económicos en proyectos energéticos en el mismo lapso, contabilizándose en total una proyección de inversión privada por US$ 53 mil 400 millones para el quinquenio señalado.
En perspectiva, las variables que afectarán más el desempeño de la economía de los patrones el 2008 son más bien coyunturales e internas y ya están en pleno desarrollo. Son:
-La continuidad de la crisis energética, que será usada para legitimar las nuevas centrales eléctricas en las provincias de Valdivia y Aysén, que no resolverán el problema en lo inmediato, y que ya sirvió como excusa para presionar la instalación de la planta de Metrogas en Peñalolén y la consideración del uso de energía nuclear para abastecer de electricidad, más que a los hogares, a las empresas. Crisis energética que implica un aumento de costos para todos y un más que posible racionamiento eléctrico, que impacta el crecimiento del PIB, debido a una menor producción industrial y que afecta además críticamente la calidad de vida de la población en su conjunto, de nuevo especialmente a los sectores más pobres.
-Los altos precios de los combustibles, que afectan el precio de los transportes y por ende inciden en el precio final de bienes y servicios (aumentando el IPC). Afectan también la producción y los costos de generación de energía.
-Las condiciones climáticas: el año pasado las heladas y actualmente la sequía, que afecta a la agricultura tradicional, al disminuir la disponibilidad y encarecer el precio de los alimentos; Empobrece a los pequeños productores, por lo que ya van 144 comunas declaradas en Emergencia Agrícola, y también afecta a la producción agroindustrial de exportación. Adicionalmente profundiza y transparenta el conflicto social, económico y político por el control del agua entre las comunidades, los pequeños y medianos productores y las grandes empresas (mineras y generadoras, principalmente).
-Finalmente, los dueños del poder y la riqueza tienden a ver una cuarta variable conflictiva -la estratégica-, que es el cuestionamiento a la superestructura legal y política que legitima en Chile las condiciones de explotación de los trabajadores, por parte de un movimiento sindical más ofensivo, que llevado más por las circunstancias que por una opción ideológica previa, no teme sobrepasar la legalidad de los patrones y enfrentar a sus cuerpos represivos.
La otra cara de la moneda: Un 2007 malo para los trabajadores y el pueblo, un 2008 que se viene peor.
La inflación acumulada de un 7,8% del 2007, redujo efectivamente el poder de compra real de los trabajadores, reduciendo a mucho menos que nada el escuálido aumento del sueldo mínimo y las pensiones asistenciales y a poco menos que nada los aumentos salariales negociados por los sindicatos el último año, sobre la base de estimaciones menores al aumento real del IPC, que superó todas las expectativas oficiales y que seguirá en cifras cercanas al 7 y hasta 8% hasta mediados de año, cerrando en torno a un 5% promedio para el 2008.
Si se considera sólo las familias que ganan menos de $350 mil pesos mensuales -el 80% de la población-, que gastan un mayor porcentaje de su ingreso en alimentación, servicios básicos, transporte y vivienda (dividendos o arriendos), la inflación del 2007 fue de más del 18%, lo que significa que los trabajadores y sus familias perdieron casi un quinto de su sueldo, porque las alzas impactan mayormente en su presupuesto y porque proporcionalmente pagan más IVA. La respuesta ha sido el sobreendeudamiento, que llega en promedio a un 65% del ingreso mensual familiar, dejando sólo un 38% para sobrevivir, con el agravante que las tasas de interés son siempre más altas para los pobres en las casas comerciales y supermercados y en la banca (con tasas de un 12 y hasta un 14% anuales en los préstamos habitacionales Serviu-Banca).
El aumento en los precios de los alimentos (sobre el 16%), de los combustibles (gas y petróleo principalmente), de la vivienda (cerca del 10%), del agua potable y la electricidad (60%) –que volverá a subir durante febrero-, encarecieron objetivamente el costo de la vida, o lo que es lo mismo, volvieron a empobrecer al conjunto del pueblo y los sectores medios, quienes además se están viendo afectados por el alza de los aranceles educacionales y el aumento drástico en el costo de los créditos, lo que también tiene con la soga al cuello a los micro y pequeños empresarios, que aunque igual de explotadores y abusadores que los grandes patrones, proveen la mayor parte de los puestos de trabajo del país (alrededor del 80% del empleo).
De hecho, de las cerca de 722.700 Pymes existentes, el 99% está con atrasos en el pago de sus obligaciones en el sistema bancario (créditos), tributario (impuestos) y previsional (cotizaciones de sus empleados), obligadas a trabajar en condiciones de servidumbre como proveedores de las grandes empresas, lo que pone en riesgo no sólo su existencia como empresas, sino principalmente los miles de puestos de trabajo que generan.
Por otra parte, las recientes fluctuaciones de los mercados accionarios nacionales e internacionales, al 22 de enero de 2008, implicaron la pérdida de más de US$ 8 mil 700 millones por parte de los fondos de pensiones (AFP) en menos de tres meses, producto de la sobre inversión ilegal e irresponsable en el mercado de renta variable (acciones), de los ahorros de millones de personas, especialmente de los trabajadores más jóvenes. Ahorros que los grupos económicos han utilizado discrecionalmente para enriquecerse y disputarse el control de sectores enteros de la economía, y que hoy desaparecen sin que las administradoras den la más mínima explicación, ni el Gobierno la exija ni algún actor social haga un escándalo por ello.
En resumen, los trabajadores pierden por partida doble: Primero, cuando los empresarios se apropian de su dinero y no les pagan las cotizaciones previsionales, y segundo, cuando sí lo hacen, las AFP´s pierden esos ahorros invirtiendo especulativamente en la bolsa.
La tasa de desempleo oficial para el 2007 fue de 7,3%, estando las regiones I, II, IV, V, VI, VII, VIII sobre el promedio nacional, encontrándose entre las ciudades más afectadas Coronel (14,8%), Lota (12,3%), Curicó (12%), Vallenar (11,9%), Viña del Mar (11,5%), Talca (11,2%), San Antonio (10,3%), Talcahuano (10%), Coquimbo (9,8%), Arica (9,4%) y Valparaíso (9,3%). La tasa de desempleo para los jóvenes entre 15 a 24 años llegó al 18,5% y alrededor de 10 mil mujeres salieron a buscar trabajo por primera vez, entre los meses de septiembre a noviembre de 2007, motivadas por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos familiares señalada más arriba.
En cifras globales, del total de trabajadores, aquellos con contrato indefinido han disminuido de un 81 a un 65% entre los años 1997 y 2007, y existen antecedentes confiables que indican que más de la mitad de estos contratos de duración “indefinida”, están durando menos de 12 meses, por lo que son empleos igual de precarios que los contratos a plazo fijo, por obra o faena.
Esto no es nuevo. El problema es que todo el mundo sabe que las cifras de desempleo son mayores –partiendo por que se cuenta como con empleo a los trabajadores de los Programas de Empleo del Gobierno, que fueron 106. 611 cesantes disfrazados el cuarto trimestre de 2007- y claramente son cifras manipuladas estadísticamente, como el recuento de pobres que hace MIDEPLAN, con una línea de corte de ingresos familiares de $47.000 pesos para definir la pobreza urbana y de $31.000 pesos en el caso de la rural, con lo que mágicamente la Concertación reduce el porcentaje de población en condiciones de pobreza a sólo un 13,5% (¡Un 0,5% menos que en 1985!)
Entre Diciembre y Febrero, cerca de 1.300 trabajadores sindicalizados del Citibank fueron despedidos por el Banco de Chile, después de una de las más importantes fusiones del 2007, que convierten a este último en el segundo más grande de la plaza, después del Santander. Un muy buen negocio para el Grupo Luksic, propietario del banco, pero uno muy malo para los trabajadores y sus familias, al igual que el cierre de las instalaciones textiles en Tomé, que afecta a 750 trabajadores, el anunciado despido de más de 1.200 trabajadores en la salmonera noruega Marine Harvest o los más de 800 trabajadores que se quedarán sin trabajo en Calbuco. Más de 4 mil familias afectadas directamente: ¡Es el aporte de las grandes empresas para disminuir el desempleo!
Nos encontramos de nuevo, con que cuando a los dueños del poder y la riqueza les va bien, a los trabajadores y sus familias les va mal, y cuando los empresarios meten la pata, a los trabajadores y a sus familias les va peor, porque todos los costos se los traspasan a ellos… Entonces, es claro que con el actual sistema, al pueblo no hay por donde le pueda ir bien.
Demás está decir que el aumento del IPC esfumó también la mayor parte de los raquíticos incrementos en el presupuesto destinado por el gobierno para gasto social el 2008, que en cualquier caso siempre fueron muy menores en comparación al saco sin fondo que es el presupuesto del Transantiago, que ha significado la pérdida de millones de dólares de todos los chilenos y la humillación sistemática para una gran mayoría de santiaguinos, sobre todo los más pobres, sólo para sostener el mayor fracaso en políticas públicas de la Concertación de los últimos 17 años, como ellos mismos reconocen con desparpajo.
Fracaso que, sin embargo, ha sido uno de los mejores negocios que se le han ocurrido al empresariado, a los 4 bancos más grandes y a los tecnócratas del gobierno, y al que el Ministro de Hacienda, el economista de derecha Andrés Velasco, no ha tenido ningún reparo en subsidiar a ojos cerrados, a diferencia de los mínimos aumentos presupuestarios que se dignó autorizar para educación o salud, o para apoyar el aumento del sueldo mínimo o una renegociación para los deudores habitacionales.
Andrés Velasco se ha convertido así en el Hood Robin de Bachelet: le roba a los pobres para enriquecer aún más a los más ricos, obligando a que todos los chilenos, a través del presupuesto de la nación y de los préstamos del Metro y Banco Estado, le regalen prácticamente la plata a los empresarios microbuseros, a Sonda y a los Bancos de Chile, Santander, Estado y BCI.
Por primera vez, el empresariado asustado y a la defensiva.
Con la amenaza de una crisis económica mundial; con la mitad del país viviendo en condiciones de subsistencia y un cuarto adicional endeudado por el resto de sus vidas, en condiciones de precariedad y sometidos a una explotación y presiones laborales extremas; con una política gubernamental autista, autoritaria y antisocial; con una política empresarial fundada en la disociación de la realidad y el miedo a los trabajadores, se ha ido creando un escenario político de sinceramiento y “aclaración de intereses”, de conflicto social abierto, donde la dinámica de la lucha de clases se agudiza y retoma su lugar central en la articulación de los actores políticos del país, y dónde -lo más importante-, se ha comenzado a articular de nuevo, ofensivamente, como siempre ha sido, el movimiento de trabajadores.
Si la revolución de los pingüinos puso contra las cuerdas a la Concertación y las políticas de Estado en materia educacional, las dinámicas movilizaciones de los trabajadores subcontratados tienen por las cuerdas al empresariado y a las leyes laborales que hicieron posible el éxito de la reforma neoliberal del capitalismo en Chile.
Ya son miles los trabajadores organizados, movilizados y luchando por sus derechos, principalmente de las empresas subcontratistas, que han realizado todo un aprendizaje político en la misma lucha y han ido logrando imponer sus propios términos en los últimos tres años: son los forestales de Celco, los pescadores artesanales, los tripulantes pesqueros, los portuarios, los mineros, los salmoneros de AquaChile, los trabajadores y temporeros de la agroindustria en Agrosuper, Pacific Nuts o MaxAgro. Por ejemplo, los del Valle de Copiapó, en la III Región, quienes gracias a sus movilizaciones impusieron un piso de remuneraciones de $250.000 pesos para todos los trabajadores de la zona.
Son todos trabajadores de sectores clave de nuestra economía primario exportadora, más de un 35% de la fuerza laboral del país, cuya atomización, desorganización y miserables condiciones de vida y de trabajo aseguraban la verdadera competitividad del empresariado explotador, el verdadero dumping social que posibilitó el cacareado “éxito” del modelo económico neoliberal en nuestro país.
Trabajadores que ahora superan el temor y las divisiones artificiales y se unen, organizan y luchan por mejorar sus condiciones concretas de vida, pero que al hacerlo están poniendo en cuestión uno de los más importantes pilares sobre el cual se levanta todo el régimen de súper explotación del trabajo en Chile.
Es una nueva dirigencia sindical, que ha pasado por encima de los viejos dirigentes sectarios que han convertido a la CUT en un ente burocrático y conciliador, de funcionarios que se han limitado a contemplar con la boca abierta la marcha de los trabajadores movilizados, y a lo más, han atinado a balbucir alguna declaración de apoyo, cuando no han tratado de apropiarse en forma oportunista del movimiento. Dirigentes pusilánimes que, debiendo convocar a un paro-protesta nacional inmediato, en respuesta ante el asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisternas, terminaron convocando a un paro desmovilizador que se realizaría tres meses después, contribuyendo gratuitamente a facilitar sus maniobras al gobierno. Después de todo, de los dos partidos que controlan la CUT, uno está negociando un pacto electoral con la Concertación y el otro es el partido de la Presidenta.
Frente a estos nuevos dirigentes y ante la ola de reivindicaciones y movilizaciones, un empresariado cada vez más atemorizado, acostumbrado a traspasar los costos de la producción sobre las espaldas y remuneraciones de sus trabajadores y a organizar los procesos de trabajo sobre la base de la amenaza y la prepotencia, que ve con preocupación cómo de a poco se ha empezado a derrumbar en las cabezas de los trabajadores y sus familias el statu quo que mantiene sus privilegios y su posición dominante, cómo surge la conciencia de clase entre los trabajadores y cómo este nuevo movimiento plantea con fuerza y decisión sus demandas, descubriendo y aprendiendo en las movilizaciones y procesos de negociación mismos sus propias potencialidades y perspectivas.
Por eso un Alfredo Ovalle, Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) al borde de la histeria increpando a la Presidenta en la encerrona que fue la ENADE 2007; Por eso sacar al siniestro y esta vez impotente Belisario Velasco del Ministerio del Interior, para poner en su lugar a otro duro, Edmundo Pérez-Yoma, para cumplir con el sino histórico de su familia: reprimir al pueblo. Por eso el desfile de dirigentes gremiales del empresariado visitando al nuevo Ministro del Interior, que les da plenas garantías, para pedirle mano dura y respeto a la legalidad vigente: el mismo Alfredo Ovalle, amigo de Pérez-Yoma; también Luis Schmidt, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y casi en pleno la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), encabezada por su presidente Bruno Philippi. También, los máximos directivos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y de la Asociación de Supermercados (ASACH); Por eso los aplausos de la clase empresarial y la Derecha a su héroe, Gonzalo Vial, que terminó el conflicto en una de sus plantas de Agrosuper amenazando con el cierre de las instalaciones y con la cesantía a toda la localidad donde la planta se ubica.
Es en estos momentos, en que las clases dominantes se sienten amenazadas, que recurren abiertamente y con desparpajo a su instrumento histórico de dominación, control y represión de los trabajadores y el pueblo: el Estado, y es cuándo este demuestra su verdadera cara y rol, a pesar de sus muchas contradicciones internas: ser un instrumento de clase al servicio de los dueños del poder y la riqueza.
Por eso hoy día el problema del Gobierno de Bachelet es, más que el logro de la seguridad ciudadana, mantener el Orden Público, lo que significa utilizar a Carabineros para ocupar militarmente el territorio Mapuche y custodiar las empresas y el espacio que se supone debiera ser público, para reprimir a los distintos sectores sociales que están luchando por sus demandas. Es ahí donde están los aumentos de dotación y presupuesto de las policías. No aplicados en proteger a la población más vulnerable –los pobres- del aumento de la delincuencia –otro subproducto de la economía capitalista en Chile-, sino en la fuerza de choque: las Fuerzas Especiales de Carabineros (FF.EE.), el grupo que más ha crecido numérica y proporcionalmente con los gobiernos de la Concertación, y también sus grupos de inteligencia.
Es en este momento, cuando la misma lucha reivindicativa de los trabajadores y el pueblo hace más transparente y hace aflorar a la superficie el carácter de clase de la legalidad e institucionalidad vigente: Como cuando el directorio de Codelco, integrado por ministros del Gobierno, judicializa el conflicto con los subcontratistas y las Cortes de Apelaciones anulan la aplicación de una pálida Ley de Subcontratación por parte de la Dirección del Trabajo, convirtiéndola en letra muerta, favoreciendo las tesis empresariales del mismo Estado. O cuando funcionarios de la misma Dirección del Trabajo impiden a los sindicatos la negociación interempresa, como en la huelga de AcquaChile, sabiendo que se ha creado un holding de 5 empresas relacionadas, cuyo único fin es desvincular las remuneraciones de los trabajadores de las tremendas utilidades que se están obteniendo, lo que terminó con el ingreso de Carabineros y Fuerzas Armadas a las instalaciones tomadas por los trabajadores; También, cuando los ministros de gobierno y parlamentarios vulneran la supuesta dignidad de sus propios cargos, para favorecer escandalosa y groseramente a las grandes empresas, como en la disputa por la instalación de la Planta de Metrogas en Peñalolén, la construcción de las hidroeléctricas en Aysén, la operación de la minera Barrick Gold en la localidad de Pascua Lama o la tramitación de la Ley de Pesca, por ejemplo.
También, la clase de los patrones radicaliza sus posiciones, y al igual que en Agrosuper el año pasado, hoy en AquaChile, empresa donde los trabajadores en huelga mantuvieron tomadas cuatro plantas, oficinas y un muelle, el dueño de la empresa, la tercera productora mundial de salmones, en vez de sentarse a negociar lo que es mínimamente justo -un reajuste acotado al aumento de la inflación, lo que en el fondo es mantener el mismo sueldo-, mantiene amenazados a los trabajadores movilizados con el cierre de su planta salmonera en Calbuco, donde se inició la huelga, dejando a 876 trabajadores cesantes, con lo que están tratando de dividir el movimiento y usar a las propias familias de los trabajadores como cuña, como herramienta de presión para que estos abandonen el movimiento, a la vez de presionar públicamente al gobierno a través de los medios para que intervenga por la fuerza y reprima con mano dura a los trabajadores.
Que el conflicto social se agudiza –por más que los conciliadores de siempre sigan queriendo ver hechos puntuales- lo demuestra el aumento del descontento político y social de la población en general; El incremento en el número de movilizaciones de trabajadores; Los éxitos puntuales de algunas de estas, como en la minería, la industria forestal y la agroindustria; Su extensión a distintos sectores sociales y regiones geográficas; el incremento en el uso legítimo de formas de lucha a-legales y francamente ilegales; el incremento en el número de enfrentamientos directos con las fuerzas policiales y también, el recuento de bajas, entre detenidos, heridos y muertos, como los jóvenes Daniel Menco, Alex Lemún, Rodrigo Cisternas y Matías Catrileo, todos asesinados por Carabineros.
La Concertación juega a la pelota sola y se mete puros autogoles
Como dijimos en algún minuto, nuestro régimen político de democracia restringida depende de la conducción de un agente político hegemónico, que con gran legitimidad y legalidad asegure las condiciones de estabilidad económica y gobernabilidad social para el desarrollo del capitalismo en Chile, manteniendo con bajos niveles de conflictividad social las condiciones de privilegio de las clases dominantes.
Ese agente era y sigue siendo en gran medida la Concertación, pero su rol político hegemónico entró en crisis hace ya mucho rato. Y son todos autogoles, donde una derecha impotente no ha tenido arte ni parte: Los escándalos de corrupción de los sobresueldos, las indemnizaciones millonarias, los fraudes Corfo-inverlink, Mop-Gate, Chiledeportes, PGE, EFE, Fondo de Pesca y ahora el fraude de las subvenciones escolares; las políticas públicas cojas como los tribunales de familia o el Transantiago; las disputas de poder en el PS y sobre todo en la DC, que dejó a la Concertación sin mayoría parlamentaria en el Congreso; las disputas de poder internas al propio gobierno, que tienen enfrentados en tribunales al Ministro del Trabajo con el Ministro de Economía, el de Hacienda y el de Minería, y también las movilizaciones estudiantiles, de trabajadores, pobladores y del Pueblo-Nación Mapuche, son la demostración más evidente de que la coalición de gobierno viene perdiendo su capacidad de gobierno, y el sistema en su conjunto pierde grados de gobernabilidad, permitiendo que afloren todos los conflictos que estaban latentes y que cualquier observador preocupado de la cohesión social bajo el actual sistema podía llegar a advertir, como la Conferencia Episcopal, las Fuerzas Armadas y un sector del empresariado (encabezado por Felipe Lamarca, ex presidente de la CPC).
En este sentido, el mentado sello de protección social que caracterizaría al gobierno de Bachelet, incluso la perspectiva ciudadana con que quería vestir los inicios de su gestión, apuntaban a que éste sería el gobierno de reconciliación de la Concertación con las grandes mayorías del país, después de las socialmente desastrosas administraciones tecnócratas y neoliberales de Frei Ruiz Tagle y Lagos.
Sin embargo, fuera de todo cálculo y tal como en el cuento infantil El traje del Emperador, la Revolución Pingüina del 2006 evidenció lo obvio. A partir de la crítica a los problemas sectoriales en educación, niños y jóvenes mostraron al país y al mundo que Bachelet estaba desnuda: la Concertación había venido gobernando todos estos años para beneficio de los dueños del poder y la riqueza, y que todo ese crecimiento y grandes logros económicos de las clases dominantes se habían conquistado al precio de postergar y empobrecer las condiciones de vida y de trabajo del pueblo: de sus hombres y mujeres, de sus niños, jóvenes y ancianos.
Advertíamos que, por muy simpática que fuera la presidenta, y más allá del importante hecho político-cultural de género, de ser la primera mujer presidente en nuestro país, que el carácter de clase del gobierno se construía en torno a los intereses de clase que ese gobierno globalmente defendía, y que en ese sentido había una clara línea de continuidad entre todas las administraciones concertacionistas, un eje rector, que incluso podemos decir que pasa siempre por el Ministerio de Hacienda y permite desde ahí ordenar la gestión de sus gobiernos.
Con la crisis estudiantil desatada, se acabó rápido la empatía y el gobierno ciudadano. Vino el temor de los poderosos, la represión, los montajes comunicacionales de Don Belisario y las medidas dilatorias, inaugurándose la táctica gubernamental de los Consejos: amplios en su composición y en sus plazos, para dar la impresión de pluralidad y seriedad en sus planteamientos, pero escamoteando importantes temas, como la representación ponderada de los distintos sectores, para así igualar la opinión de un tecnócrata o un académico, sin más representación que su ortodoxia neoliberal y la validación que le dan otros neoliberales como él mismo, con la de dirigentes sociales que estaban expresando y expresarían posteriormente la voz de varias decenas de miles de estudiantes, trabajadores y pobladores.
Y aquí, la máxima expresión del modo de hacer de este cuarto gobierno de la Concertación: Hacer como que se toma en cuenta a los actores sociales a través de estos procesos de conversaciones y negociaciones, para tomar finalmente decisiones fundamentales, de manera unilateral, inconsulta, en paralelo y de forma autoritaria, sin tomar en cuenta para nada lo conversado y acordado con esos mismos actores, y por lo tanto desconociéndoles su carácter de interlocutores válidos y artífices de cambios políticos e institucionales. En definitiva, ninguneándolos.
Eso pasó con los escuálidos anuncios sectoriales en Educación, de la Ministra Provoste, mientras se mantenía a los secundarios de rehenes en las famosas reuniones del Consejo Asesor de Educación y los sostenedores -en las sombras y aprovechando la institucionalidad que tanto defienden los tecnócratas-, le robaban a nuestra juventud y a las familias más pobres del país más de $262 mil millones de pesos de las subvenciones escolares.
Eso pasó también con los anuncios de Bachelet en política de Vivienda, desconociendo estos en lo medular como resultado de las conversaciones que se venían dando con las agrupaciones de deudores habitacionales, con lo que además se busco dividir y dispersar el movimiento, objetivo que el gobierno logró ampliamente.
En el caso de la reforma previsional en curso, ni siquiera se le llegó a preguntar la opinión a los directamente involucrados, los trabajadores.
Menos, a la comunidad científica y académica del país respecto a las políticas en Ciencia y Tecnología de CONICYT, al rol del Consejo de Innovación o al destino de los fondos del Royaltie que se negoció con las grandes mineras, llegando al extremo inédito de que los investigadores, académicos y estudiantes de ciencias se tuvieron que movilizar igual que el común de los mortales, para defender el mantenimiento -ni siquiera el aumento- de los fondos destinados para esa área en el presupuesto del 2008. Y eso que el mismo gobierno y los empresarios reconocen que la investigación en ciencia y tecnología es un factor crítico para la competitividad mundial en la economía capitalista actual.
Esta misma visión autoritaria y autista dicta lo que va a pasar con el Consejo Asesor de Equidad Social, este primer trimestre, donde ni siquiera se consideró convocar a los representantes de los trabajadores, y que se articuló rápidamente para acallar la agitación laboral tras las grandes movilizaciones de trabajadores contratistas, ocurridas durante el invierno de 2007. Engendro que, más que buscar un mínimo de justicia social, apunta por su composición pletórica de neoliberales, a generar las condiciones políticas para impulsar una serie de medidas contra los trabajadores: fin del salario mínimo promoviendo el salario diferenciado, abaratando el costo de la mano de obra; fin a las indemnizaciones por años de servicio, abaratando los costos de despido; mayor desregulación y flexibilización del trabajo, a contrapelo evidente de los requerimientos del movimiento social, que viene impulsando con fuerza la negociación colectiva por rama productiva, aumentos salariales y mejores condiciones laborales. La conclusión obvia es que si el empresariado y los tecnócratas del gobierno no proponen la esclavitud como política laboral, lisa y llanamente, es porque sería mal visto en los mercados internacionales, no porque no les gustaría.
Todo el discurso social del actual gobierno apuntaba a los sectores más vulnerables, a la participación popular y la necesidad de reformas, mientras en los hechos, se han venido tomando las decisiones en forma autoritaria y se aparta a esos mismos sectores del derecho a la participación y la toma de decisiones en materias que les atañen directamente. Se les niega incluso el derecho a la opinión y se les reprime, como no veíamos desde la Dictadura Militar.
Como en los antiguos despotismos ilustrados: todo por el pueblo, según dicen, pero sin el pueblo.
Un modo de hacer política en que se funden notablemente bien las concepciones políticas de una vieja izquierda estaliniana y conspirativa (Bachelet, Escalona y Cía) –que siempre consideró que el actor iluminado de los cambios y reformas políticas y sociales era el aparato partidario controlando al Estado, en vez del pueblo movilizado y organizado-, con la ideología tecnócrata de los equipos de economistas neoliberales del gobierno, para quienes el pueblo y los trabajadores nunca serán sujeto de ningún proceso, sino simples números sobre los cuales aplicar sus fórmulas de manual.
Sin embargo, vemos al Gobierno debilitado, sin orientaciones claras de un rumbo que seguir, sin una carta de navegación clara, con relevantes contradicciones internas; vemos un gobierno que no logra constituir equipos de trabajo en áreas clave y que producto de sus fracasos ha debido realizar una serie continua de ajustes ministeriales; vemos a los partidos más grandes de la coalición igual de divididos que siempre, pero dentro de los cuales la separación entre los que optan por el poder y el enriquecimiento de unos pocos –hoy en las directivas- y los que se alcanzan a dar cuenta de que hay obvios problemas políticos y sociales y se necesitan evidentes rectificaciones en la conducción del país, si quieren mantenerse en el poder, se agudiza; vemos que ante la inasibilidad de la movilización popular, el gobierno opta en forma sistemática por la represión y está dispuesto a aceptar cargar con el costo incluso de la muerte de trabajadores, Mapuche y estudiantes; vemos un empresariado temeroso, al que le pesa su ideología reaccionaria y se le está moviendo el piso porque ya no puede seguir engordando con el látigo en la mano, y las masas de pueblo ya no sólo le están perdiendo el miedo a él, sino también a sus perros guardianes y a sus leyes; vemos también a una derecha inerme y sin ninguna credibilidad ni perspectiva, sin proyecto propio porque su proyecto histórico lo encausa mejor la Concertación, tratando de beneficiarse de los problemas del gobierno y la crisis del pueblo, pero cuya mejor propuesta es mayor represión para todos los sectores y mayor dogmatismo aún en la aplicación del credo neoliberal.
El problema para nosotros, como organización y como sector, es que sin verdaderos adversarios políticos que logren articular y organizar la lucha popular más allá de justas reivindicaciones sectoriales, las clases dominantes cuentan con todo el tiempo a su favor y todo el campo libre para reacomodarse, reformarse, reinventarse, hacerse una reingeniería si es necesario, y por tanto remontar la crisis una vez más.
El primer tiempo a Bachelet se le fue como agua entre las manos, dejando un par de reformas importantes, pero incompletas y que no alcanzan a solucionar los problemas estructurales en la economía, la salud, la educación o la previsión social (menos, el transporte urbano). Reformas que palidecen frente a los problemas que la misma Concertación ha creado, por interés, por corrupción y por torpeza. En este segundo tiempo, la entrenadora ya tiró la toalla, y aunque cambie tres veces al Capitán del equipo, han sido tantos los autogoles que lo único que le interesa es que termine pronto el partido.
Quedan dos años de administración del gobierno, sin mayoría parlamentaria y con altos niveles de conflictividad social. La opción del nuevo equipo de ministros es asegurar la gobernabilidad necesaria para traspasar el mando, por lo que lo único que podemos esperar en el fondo es más represión de un gobierno que se quedó encapsulado en La Moneda y de un Estado capturado por los intereses corporativos del empresariado monopólico financiero (los grandes grupos económicos) y por las clases medias asociados a ellos.
La coyuntura política va a estar marcada por las elecciones municipales de fin de año, en preparación de las elecciones presidenciales del 2009. Ahí se debiera notar fuertemente el desgaste político de la Concertación. Nada indica que se vaya a trasvasijar la votación a los partidos de la Alianza, ya que generan un importante rechazo e igual la población les identifica asociados a la dictadura militar y a la defensa de los intereses del empresariado –salvo quizá a Lavin-.
Aunque a muchos compañeros les revuelva el estómago reconocerlo, el pueblo chileno tiene una tradición histórica de lucha electoral, por lo que no necesariamente la gente se va a quedar en sus casas aumentando el abstencionismo o consecuentemente votará nulo, para deslegitimar el sistema. Muy probablemente y haciendo uso de un sentido común elemental, votará por las listas alternativas que puedan levantarse. Específicamente, es más que probable que el PC logre tener un muy buen rendimiento y traduzca en apoyo electoral el descontento de los trabajadores con las actuales condiciones laborales, el rechazo a los innumerables casos de corrupción de la Concertación o desastres sociales como el Transantiago.
Nada indica que el pueblo y los trabajadores chilenos sean radicalmente distintos en su sentir y pensar, de otros pueblos latinoamericanos como los de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay o incluso Brasil y Argentina, que han votado por candidatos más o menos progresistas o populistas, en similares circunstancias de desgaste de los partidos políticos tradicionales, de situaciones recurrentes de corrupción en el Estado y las empresas privadas, y de ascenso de las luchas populares.
Ponerse a hacer las tareas antes de Diciembre
Entre dos derechas, una que gobierna con problemas y contradicciones existenciales y otra a la que el pueblo no le cree, con un gobierno cercano a la parálisis y con un movimiento social en alza, lo que puede hacer la izquierda y los revolucionarios podría ser significativo estos dos años que restan de la administración Bachelet.
Vemos oportunidades, que sin embargo exigen la articulación de nuestro sector, cuestión en la que la izquierda revolucionaria en particular y la izquierda en general muestran un rezago que llega a dar susto.
Que el 2008 y 2009 serán años marcados por los procesos electorales, nadie lo niega ni discute, ni se le resta ni suma importancia ni se le despacha simplemente con un par de frases aprendidas de memoria.
Sin embargo, lo central de la lucha política, lo que asume una perspectiva estratégica, es el conflicto entre trabajadores y empresarios. Es esta dinámica de conflicto social la que debiera expresarse o iluminar el proceso eleccionario que viene, el elemento que debiera discriminar una política de izquierdas y revolucionaria, en ese ámbito, cuando en nuestro país las agrupaciones insertas en el tema eleccionario frecuentemente tienden a comprenderlo e intervenir en él en un sentido contrario, concentrándose más bien en lo político electoral como el elemento principal y utilizando la lucha social sólo como accesorio instrumental.
Al hecho que como sector hoy día tengamos en general una mínima comprensión de para qué podría servir la lucha electoral como instrumento, porque no hay una estrategia más global que le pueda dar un sentido, debemos añadir nuestra nula capacidad práctica de intervenir en ella, sea positiva o negativamente, a pesar de los amplios espacios que existen para ambas cosas.
El escenario más real para nosotros seguirá siendo mantener y mejorar el trabajo en los sectores sociales en los cuales ya estamos y profundizar nuestros vínculos con los sectores de trabajadores organizados y movilizados. Debemos ser capaces de articular una propuesta política para los trabajadores y los pobres de la ciudad y el campo.
En este contexto, la izquierda revolucionaria no puede quedarse en la vereda cuando el pueblo va por la calle manifestándose. Menos, hacer de la crítica política a la izquierda electoral o a la literaria la única política de la organización o limitarnos contemplativamente a la duda existencial respecto a si es justo o no que a la gente se le llueva la casa.
Ese planteamiento ético lo celebramos cuando lo plantea una Iglesia Católica que tímidamente vuelve a mirar a su pueblo desde las jerarquías -y es lo mínimo que se puede esperar después de años de silencio y alineación con los poderes fácticos-, pero creemos que de los revolucionarios se debiera esperar una actitud más activa, más unitaria y más política, sobre todo cuando la situación política se polariza y porque nuestra convicción política nace del dato duro que somos parte de una realidad económica, social, política y cultural que exige transformaciones profundas y nos impone ciertas obligaciones.
Más que limitarnos a las letanías sobre la injusticia o a redactar informes como este, urge explorar caminos prácticos y concretos de unidad, que nos permitan hacer un aporte a la organización, movilización y lucha del pueblo, porque ciertamente que hay más de una razón para protestar, pero a veces se nos olvida, entrampados muchas veces en el área chica de disputas que a nadie interesan.
Creemos que la situación política nacional exige una intervención a lo Plan 78, con las obvias y evidentes correcciones, ya que estamos en un contexto político, económico, social y culturalmente distinto:
-Participando activamente en las organizaciones naturales del movimiento de masas, sindicales, poblacionales y estudiantiles; Apoyando y respaldando a los dirigentes naturales, dinamizando las luchas del pueblo, ayudando en la organización, en la sistematización de experiencias, contribuyendo a la construcción de los contextos sociales, políticos y comunicacionales, que afirmen los procesos de desarrollo de la conciencia de clase y la constitución de un discurso social de lucha, antagónico y radical; Aportando a la construcción de un tejido de relaciones sociales y contactos para contribuir a que las innumerables luchas dispersas vayan confluyendo en la articulación de un poderoso movimiento popular. En suma, colaborando en la acumulación de fuerza social, con un claro contenido de clase, enfrentando a los poderosos.
-Desarrollando también, legitimando y extendiendo la autodefensa de masas, en vista y considerando que en la dialéctica del conflicto entre explotadores y explotados, si bien la mayoría aún de las dinámicas de lucha transcurre por cauces institucionales, se ha producido una importante ruptura y en un creciente número de conflictos han sido excedidos ya hace rato (como en la lucha sindical y en la lucha de liberación nacional del Pueblo-Nación Mapuche). Consideramos en esto también, que la lucha popular llega a límites que restringen su accionar y que sólo pueden ser salvados en un nivel distinto de lucha, para evitar que la represión golpee con todo a los dirigentes, sus organizaciones y al pueblo movilizado.
-Contribuyendo a la unidad política del pueblo, haciendo primero que nada un esfuerzo serio por superar nuestros naturales prejuicios, aportando a la coordinación de esfuerzos en lo local, en iniciativas puntuales de lucha, buscando la estructuración de un polo de articulación de los revolucionarios, para enfrentar juntos determinadas dinámicas de movilización y eventualmente logrando articular alianzas a más largo plazo, para lograr impulsar una iniciativa política en los distintos escenarios que se vienen desarrollando en el país y que exigen una respuesta popular.
Nuestros niveles de organización siguen siendo precarios, es cierto, pero en conjunto logramos vislumbrar un modo de comprender la política y la lucha popular que aseguran ya, en cierto modo, la continuidad, desarrollo y extensión de este esfuerzo de articulación y organización revolucionaria.
Ni la rendición, ni la Dictadura Militar ni los servicios de seguridad de la democracia restringida y policial lograron acabar con nuestro movimiento. No salimos indemnes -todo lo contrario-, pero una nueva generación se integra a la organización, fortalecida por sus propios aprendizajes de lucha, y tras ella están al menos otras cuatro o cinco, ajustándose cada una en su rol. Y lo mejor, es que es un proceso que los poderosos aún no logran comprender ni menos aún, detener.
Los dueños del poder y la riqueza están preocupados, la clase gobernante está en crisis y al parecer momentáneamente sin un proyecto histórico de desarrollo; las profundas desigualdades sociales que las clases dominantes han favorecido, han terminado por incubar nuevamente en los trabajadores y el pueblo la conciencia y solidaridad mutua necesaria para que surja la conciencia de clase y comience a levantarse de nuevo el Movimiento Popular.
Sólo está faltando que la izquierda y los revolucionarios superen los hábitos y prácticas de la derrota, para poder hacer nuestro aporte a un nuevo ciclo de luchas y comenzar a ser parte de las victorias que nos trae este nuevo siglo.
El primer paro nacional convocado por la CUT el 17 de mayo de 1954 fue solo parcial. Pero los siguientes alcanzarían enorme convocatoria. En la foto: Incidentes frente al local de la CUT en Alameda al lado de la iglesia San Francisco.
