SECCIONES
28 de junio de 2013
19 de junio de 2013
09:00 – Reunión del Consejo Ampliado Siteco, Recuperar el cobra para la educación gratuita
Que el Pueblo Mande
El Directorio del Siteco, convoca de manera urgente a todos los Delegados Sindicales a una reunión del Consejo Ampliado que se desarrollará el día miércoles 19 de junio, a partir de las 09:00 horas en la sede de nuestra orgainzación y con el objeto de tratar los siguientes asuntos que mas abajo se detallan, y que son de vital importancia para el conjunto de la organización.
Asunto a tratar:
Preparativos del Paro Nacional Productivo del 26 de Junio.
Informe por grupos de empresas
Análisis de las negociaciones colectivas en desarrollo
Situación de trabajadores despedidos y problemas con la seguridad laboral
En la sede del Sindicato Siteco
2° Encuentro Nacional de la Juventud de Izquierda Socialista
Que el Pueblo Mande
Jueves 20 y Viernes 21 de junio
Estamos convocando al 2° Encuentro Nacional de la Juventud de Izquierda Socialista para los días jueves 20 y viernes 21 de junio (que son feriados nacionales) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una instancia democrática y abierta a la participación de todos los jóvenes y estudiantes del país que quieran sumarse a conocer y debatir nuestras propuestas para fortalecer al Frente de Izquierda (PO-PTS-Izquierda Socialista). Vendrán como invitados dirigentes estudiantiles combativos de México, Venezuela, Brasil y Chile. Y participarán compañeras y compañeros de universidades, profesorados y colegios de todo el país. ¡Vos también tenés que ser parte! Inscribite y sumate. Miles de jóvenes no creemos en el verso kirchnerista, ya que sufrimos el deterioro de la educación pública, los avances de la privatización y el flagelo de la precarización laboral y la desocupación. La década kirchnerista no ha sido una “década ganada” para nosotros. Por eso tenemos que pelear todos los días para poder ganarnos un futuro digno que este sistema nos niega. Con marchas, asambleas, sentadas, tomas, cortes de calle, clases públicas, organizando Centros de Estudiantes y otras acciones peleamos por nuestros derechos. Enfrentamos a Cristina, Scioli, Macri, De La Sota o Binner, ya que todos los gobiernos ajustan al pueblo. La deserción, el deterioro edilicio, la falta de presupuesto, las autoridades antidemocráticas, la privatización, las restricciones para estudiar, la crisis económica, la pobreza y otros males sólo podrán ser derrotados con más lucha y organización. ¡No nos resignamos! Queremos una educación pública, estatal, gratuita, laica, científica, de calidad académica, al servicio de los trabajadores y el pueblo. Reclamamos el boleto estudiantil, comedores en todos los centros educativos y un aumento presupuestario en base al no pago de la deuda externa. ¡Porque la deuda es con la educación! Y para luchar y ganar, defendemos la democracia estudiantil. Peleamos por recuperar nuestras herramientas gremiales para construir Centros de Estudiantes democráticos, combativos e independientes de los gobiernos. Somos parte de la juventud que lucha en todo el mundo contra el capitalismo y el imperialismo. Son nuestros hermanos los estudiantes chilenos y su lucha contra la educación privada. Nos vemos reflejados en la huelga de las 50 universidades federales de Brasil. Son nuestro ejemplo los “indignados” del Estado español y el movimiento “Ocupa Wall Street” en los Estados Unidos. Apoyamos al movimiento “Yo soy 132” de México contra el autoritarismo y la represión a los jóvenes. Nos sentimos identificados con el movimiento “6 de abril” en Egipto, que surgió en apoyo a las huelgas obreras y protagonizó la primavera árabe. Estamos conmovidos por la rebelión en Turquía y por la gran revolución en Siria contra una dictadura genocida. Porque para los revolucionarios “si sos capaz de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo, entonces podemos decirte que somos compañeros y eso es lo más importante”. Animate, vos también podes participar. Vení al 2° Encuentro de la Juventud de Izquierda Socialista para sumarte y fortalecer al Frente de Izquierda. Jueves 20 de junio, 16hs: Acto de Apertura Hablarán: • Camila Burgos González de CHILE (dirigente estudiantil de la Universidad Alberto Hurtado de la Juventud del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Chile). • Luany Barros de BRASILl (dirigente estudiantil de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Brasil y militante de la Juventud de Vamos a Luta! y del Partido Socialismo e Liberdade). • Willy Gómez Zuppa de MÉXICO (dirigente estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México y militante de la Juventud del Partido Obrero Socialista). • Clara Luna Oriana Bastidas de VENEZUELA (dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes de Venezuela y militante de la Juventud del Partido Socialismo y Libertad). • Nicolás Núñez (Secretario de Relaciones Obrero-Estudiantiles de la Federación Universitaria de Buenos Aires y dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista). • Jose Castillo (Dirigente Nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda). |
18 de junio de 2013
Protestas acrecientan malestar popular en Brasil (Prensa Latina)
Que el Pueblo Mande
Protestas acrecientan malestar popular en Brasil |
El dilema Constituyente en Chile (Columnas El Mostrador 18/06/2013)
Que el Pueblo Mande
Columnas
18 de Junio de 2013
El dilema Constituyente en Chile
- Gabriel Negretto
- Abogado y Doctor en Ciencia Política. Profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE - http://investigadores.cide.edu/gabriel.negretto/
Esta situación coloca a todo país que busca reemplazar su constitución frente a un dilema legal y político, similar al que vive Chile (y otros países de la región) en estos momentos. Ante la ausencia de procedimientos establecidos, existen dos alternativas para organizar un proceso constituyente democrático. La primera, llamémosle legalista, consiste en reformar la constitución existente para que la legislatura pueda convocar una asamblea constituyente y eventualmente regular su elección y aspectos centrales de su funcionamiento. La segunda alternativa, que podemos denominar rupturista, consiste en que alguno de los poderes constituidos, ya sea el Presidente o el Congreso, convoque directamente a un plebiscito para que el pueblo autorice a reemplazar la constitución por medio de la elección de una asamblea constituyente.
Sería un error por parte de un próximo gobierno de la Concertación seguir el camino rupturista sin al mismo tiempo generar mecanismos de consenso que permitan convencer a sectores de la oposición de la necesidad de hacer cambios profundos a la constitución e incorporar a estos sectores al momento de definir las reglas básicas de elección, organización y decisión de la asamblea constituyente.
La estrategia rupturista fue seguida en Colombia en 1991, en Venezuela en 1999 y en Ecuador en 2008. En todos estos casos, el ejecutivo realizó un plebiscito —sin autorización constitucional o forzando las reglas establecidas— para que la ciudadanía apruebe la convocatoria de una constituyente que reemplazaría la constitución. Luego de esta autorización se eligió una asamblea que aprobó la nueva constitución por mayoría simple, sujeta en algunos casos (como en Venezuela y Ecuador) al requisito de una ratificación popular para entrar en vigencia. En ningún caso el procedimiento fue estrictamente legal, pero sí gozó de legitimidad democrática al colocar al pueblo en la capacidad de decidir sobre su organización constitucional. La ventaja de esta opción es que permite superar el veto de los actores adversos al cambio por medio de una decisión directa de la ciudadanía. Pero esta ruta entraña el riesgo (además de las batallas legales a que puede dar lugar) de que el proceso tome un carácter plebiscitario al imponerse una constitución que sólo represente en forma excluyente a una mayoría electoral circunstancial. Este riesgo fue sorteado en Colombia gracias a la actitud conciliadora del entonces presidente Gaviria, quién luego de la decisión popular a favor de la constituyente convocó a todas las fuerzas políticas para decidir en conjunto contenidos básicos de reforma así como las reglas de elección y las atribuciones de la asamblea. Pero la amenaza plebiscitaria se hizo realidad en Venezuela y Ecuador, donde el presidente y su partido utilizaron el apoyo popular a una nueva constitución para decidir una forma de elección y de organización de la constituyente que beneficiara exclusivamente al partido de gobierno.
Es entendible que varios miembros de las fuerzas de izquierda y centro-izquierda que proponen una nueva constitución en Chile prefieran la estrategia rupturista. Esta permitiría bloquear la oposición de la derecha a crear una nueva constitución y eliminar algunos de sus contenidos más criticados, como el sistema binominal o las reglas de quórum agravado para la aprobación de ciertas leyes. Y esto es perfectamente válido dentro de la lógica del poder constituyente democrático. Sin embargo, sería un error por parte de un próximo gobierno de la Concertación seguir el camino rupturista sin al mismo tiempo generar mecanismos de consenso que permitan convencer a sectores de la oposición de la necesidad de hacer cambios profundos a la constitución e incorporar a estos sectores al momento de definir las reglas básicas de elección, organización y decisión de la asamblea constituyente. Una constitución radicalmente democrática y no meramente plebiscitaria tiene que ser percibida como una obra de todos y no de una mayoría facciosa. Para eso es preciso que el proceso constituyente sea no sólo participativo sino también incluyente. Esto significa seguir el camino que en su momento tomó Colombia, donde el apoyo popular se utilizó para cambiar el statu quo pero sin generar exclusiones al momento de diseñar el proceso y establecer sus objetivos. Esto puede hacer más arduo y lento el cambio, pero por lo misma razón lo hará también más duradero.
El prontuario medioambiental del gobierno de Bachelet (El Mostrador 17 de Junio)
Que el Pueblo Mande
17 de Junio de 2013
Ambientalistas analizan críticamente lo que fue su gestión en materia de sustentabilidad
El prontuario medioambiental del gobierno de Bachelet
El lunes pasado en el debate
de la “Nueva Mayoría” se le preguntó a la ex Presidenta por la cantidad
de termoeléctricas que se aprobaron entre 2006 y 2010. Ella respondió
que “efectivamente en mi administración se aprobaron termoeléctricas
contaminantes”, pero lo justificó por la falta de gas y la sequía. El Mostrador le pidió al mundo ecologista la evaluación de su mandato en estos temas.
La sombra del virus ISA, que
hizo temblar a la industria salmonera en 2007 y que puso en el tapete
las deficientes condiciones sanitarias del sector, hoy podría revivir:
las alarmas vienen desde la Región de Aysén, donde ya se ha confirmado
la aparición de algunos brotes del temido virus.
Desde Multiexport, la mayor compañía de la industria, han intentado calmar los ánimos señalando que la situación actual no se puede comparar con las condiciones y normas que existían hace seis años, y que habrían cambiado luego de la reforma impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet.
Pero no todos son tan optimistas. La directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, señala que, si bien con la nueva ley “cuyo objetivo era ir al rescate del sector, se establecieron nuevas condiciones, la nueva forma de operar de la industria, no se ha implementado completamente y hoy está nuevamente en crisis porque las medidas sanitarias no son las adecuadas”.
En opinión de Liberona la reforma a la industria del salmón y la nueva institucionalidad ambiental fueron dos temas clave que marcaron la administración del gobierno de la ex mandataria.
En el caso de la salmonicultura —que contó con un férreo respaldo estatal tras las críticas a las condiciones ambientales publicadas en el influyente The New York Times— los cambios estuvieron coordinados por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, que encabezaba la Mesa del Salmón, tras lo cual aterrizó en una de las salmoneras más grandes del país, AquaChile. Cambios que incluyeron un tema que sacó ronchas y que permitió que las empresas entregaran como garantía a los bancos la concesión acuícola del agua.
En cuanto a la nueva institucionalidad ambiental, proyecto estrella del gobierno de Bachelet, que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del sector, según Liberona aunque marca una diferencia por la Superintendencia, en la práctica “en términos del proceso de evaluación ambiental no hay grandes cambios, por lo que establece una desigualdad entre las personas y las empresas con total ausencia del Estado, porque una empresa entra en el proceso de calificación ambiental y tiene más o menos dificultades, pero la mayoría son aprobados. En cambio la participación ciudadana es un saludo a la bandera, así que las cosas deben resolverse en tribunales”.
Como botón de muestra está el caso de la Termoeléctrica Castilla, que
fue aprobado bajo la nueva institucionalidad pero que terminó siendo
paralizado tras un fallo de la Corte Suprema que puso la lápida al
proyecto de Eike Batista.
Para el Presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, en términos generales la gestión ambiental de Bachelet “fue complicada, lo que se ve en que grandes proyectos en crisis hoy que muestran que aunque hubo avances institucionales, el impacto ambiental en el sistema productivo fue reguleque, más tirado para mal”.
Fantasmas puntuales de la era Bachelet que hoy penan a la candidata, son, por nombrar algunos, la aprobación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina —cuya evaluación ambiental fue realizada por la consultora donde trabajó la actual ministra de medio ambiente, María Ignacia Benítez— que terminó siendo cerrada por riesgo sanitario y que tuvo en pie de guerra a los vecinos del sector. O el hecho de que mientras se evaluaba ambientalmente el polémico proyecto HidroAysén —cuya aprobación en 2011 generó multitudinarias protestas— se ignorara a los servicios que impugnaban el proyecto.
De esta forma los proyectos nuevos y en carpeta se convirtieron en un tema prioritario, lo que se grafica claramente en el hecho de que durante dicha administración se aprobaron 42 termoeléctricas, entre ellas la Central Campiche, de AES Gener, que contó con un férreo respaldo estatal, que junto a la empresa y en medio de un intenso lobby de la embajada de Estados Unidos, encontró la fórmula de burlar un fallo de la Corte Suprema que la detenía y la oposición de los pobladores.
El lunes pasado fue el primer debate antes de las primarias del pacto “Nueva Mayoría”. En la ocasión se le consultó específicamente a Bachelet por la cantidad de termoeléctricas que se aprobaron durante su gobierno. Ante esto la ex mandataria respondió que “efectivamente en mi administración se aprobaron termoeléctricas contaminantes y voy a decir por qué. No había gas, no había mucha agua, había sequía. Y lo que uno como gobernante tiene que hacer es tomar medidas difíciles para asegurar que haya gas, que haya agua, que haya energía en las casas”.
Flavia Liberona cree que es insuficiente la explicación, ya que el problema de fondo es la regulación. “Es una respuesta bien politiquera. Hay una suerte de disfrazar las cosas, porque la falta de energía se suplió con diesel. Además las termoeléctricas no fueron reguladas, ese es el problema y se les debe poner condiciones. No tienen regulación que les exija vida útil, que les exija tecnología, ni que regule el combustible sólido que usan. Por otra parte, los datos de que el gas se iba a cortar se sabían de antes. Se podría haber previsto la situación eléctrica y se podría haber aumentado la capacidad de algunas centrales de otra manera”, dice Liberona.
Para Manuel Baquedano el problema central es que no se diversificó la matriz energética y eso conllevó a la construcción de termoeléctricas. “Lo que hay que criticar es que en ese momento se debió cambiar la matriz y no se hizo nada. Se debió haber permitido que entraran las energías renovables o bien haber tenido un plan más agresivo de eficiencia energética. La ex Presidenta no hizo nada, simplemente dejó funcionar al mercado y eso llevó a la carbonización y proliferación de las termoeléctricas que han tenido un impacto en la salud y el medio ambiente”.
En total, fueron 126 proyectos aprobados, entre termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares. Muchos de los cuales contaron con una ayuda proveniente del propio Estado y radicada en el ministerio de Energía.
Conocidos como “los hombres de negro”, los ingenieros comerciales Juan José Rivas (PPD) y Jaime Bravo (PS), cumplían un rol clave apurando las iniciativas que permitirían inyectar más megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC). Tarea para lo cual contaban con todo el respaldo del ministro de Energía, Marcelo Tokman y que generó anticuerpos en muchas reparticiones, donde vivieron las presiones de estos “fast tracker” de Energía.
Tales fueron los casos de HidroAysén —de la sociedad Endesa-Colbún y finalmente aprobado en el gobierno de Piñera—, el de las minicentrales hidroeléctricas de pasada Palmar–Correntoso en el Parque Nacional Puyehue, o el de la planta Termoeléctrica de Farellones de la cuprífera Codelco, que terminó siendo bajado por la propia cuprera.
Durante el gobierno de Piñera, la figura de los “fast tracker” terminó siendo oficializada a través del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI).
Para Manuel Baquedano, el acuerdo en cuestión “supuso varias cosas que son adelantos, como la institucionalidad ambiental que finalmente se dotó de un ministerio, también se avanzó en una política de Parques Nacionales que aún no se resuelve en el Parlamento”.
En el tema energético, explica, “veíamos una profunda presión del mundo minero por la opción nuclear y finalmente la ex Presidenta no pudo mantener el compromiso. Le quebraron la mano”.
Desde Multiexport, la mayor compañía de la industria, han intentado calmar los ánimos señalando que la situación actual no se puede comparar con las condiciones y normas que existían hace seis años, y que habrían cambiado luego de la reforma impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet.
Pero no todos son tan optimistas. La directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, señala que, si bien con la nueva ley “cuyo objetivo era ir al rescate del sector, se establecieron nuevas condiciones, la nueva forma de operar de la industria, no se ha implementado completamente y hoy está nuevamente en crisis porque las medidas sanitarias no son las adecuadas”.
En opinión de Liberona la reforma a la industria del salmón y la nueva institucionalidad ambiental fueron dos temas clave que marcaron la administración del gobierno de la ex mandataria.
En el caso de la salmonicultura —que contó con un férreo respaldo estatal tras las críticas a las condiciones ambientales publicadas en el influyente The New York Times— los cambios estuvieron coordinados por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, que encabezaba la Mesa del Salmón, tras lo cual aterrizó en una de las salmoneras más grandes del país, AquaChile. Cambios que incluyeron un tema que sacó ronchas y que permitió que las empresas entregaran como garantía a los bancos la concesión acuícola del agua.
En cuanto a la nueva institucionalidad ambiental, proyecto estrella del gobierno de Bachelet, que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del sector, según Liberona aunque marca una diferencia por la Superintendencia, en la práctica “en términos del proceso de evaluación ambiental no hay grandes cambios, por lo que establece una desigualdad entre las personas y las empresas con total ausencia del Estado, porque una empresa entra en el proceso de calificación ambiental y tiene más o menos dificultades, pero la mayoría son aprobados. En cambio la participación ciudadana es un saludo a la bandera, así que las cosas deben resolverse en tribunales”.
Fantasmas puntuales de la era Bachelet que hoy penan a la candidata, son, por nombrar algunos, la aprobación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina —cuya evaluación ambiental fue realizada por la consultora donde trabajó la actual ministra de medio ambiente, María Ignacia Benítez— que terminó siendo cerrada por riesgo sanitario y que tuvo en pie de guerra a los vecinos del sector.
Para el Presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, en términos generales la gestión ambiental de Bachelet “fue complicada, lo que se ve en que grandes proyectos en crisis hoy que muestran que aunque hubo avances institucionales, el impacto ambiental en el sistema productivo fue reguleque, más tirado para mal”.
Fantasmas puntuales de la era Bachelet que hoy penan a la candidata, son, por nombrar algunos, la aprobación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina —cuya evaluación ambiental fue realizada por la consultora donde trabajó la actual ministra de medio ambiente, María Ignacia Benítez— que terminó siendo cerrada por riesgo sanitario y que tuvo en pie de guerra a los vecinos del sector. O el hecho de que mientras se evaluaba ambientalmente el polémico proyecto HidroAysén —cuya aprobación en 2011 generó multitudinarias protestas— se ignorara a los servicios que impugnaban el proyecto.
Los hombres de negro
Quizás la arista ambiental que marcó más a fuego al gobierno de Michelle Bachelet fue la energética, que enfrentó un complicado escenario tras los cortes de envíos de gas argentino, la crisis internacional del sector y la limitada capacidad de autogeneración del país.De esta forma los proyectos nuevos y en carpeta se convirtieron en un tema prioritario, lo que se grafica claramente en el hecho de que durante dicha administración se aprobaron 42 termoeléctricas, entre ellas la Central Campiche, de AES Gener, que contó con un férreo respaldo estatal, que junto a la empresa y en medio de un intenso lobby de la embajada de Estados Unidos, encontró la fórmula de burlar un fallo de la Corte Suprema que la detenía y la oposición de los pobladores.
El lunes pasado fue el primer debate antes de las primarias del pacto “Nueva Mayoría”. En la ocasión se le consultó específicamente a Bachelet por la cantidad de termoeléctricas que se aprobaron durante su gobierno. Ante esto la ex mandataria respondió que “efectivamente en mi administración se aprobaron termoeléctricas contaminantes y voy a decir por qué. No había gas, no había mucha agua, había sequía. Y lo que uno como gobernante tiene que hacer es tomar medidas difíciles para asegurar que haya gas, que haya agua, que haya energía en las casas”.
Flavia Liberona cree que es insuficiente la explicación, ya que el problema de fondo es la regulación. “Es una respuesta bien politiquera. Hay una suerte de disfrazar las cosas, porque la falta de energía se suplió con diesel. Además las termoeléctricas no fueron reguladas, ese es el problema y se les debe poner condiciones. No tienen regulación que les exija vida útil, que les exija tecnología, ni que regule el combustible sólido que usan. Por otra parte, los datos de que el gas se iba a cortar se sabían de antes. Se podría haber previsto la situación eléctrica y se podría haber aumentado la capacidad de algunas centrales de otra manera”, dice Liberona.
Para Manuel Baquedano el problema central es que no se diversificó la matriz energética y eso conllevó a la construcción de termoeléctricas. “Lo que hay que criticar es que en ese momento se debió cambiar la matriz y no se hizo nada. Se debió haber permitido que entraran las energías renovables o bien haber tenido un plan más agresivo de eficiencia energética. La ex Presidenta no hizo nada, simplemente dejó funcionar al mercado y eso llevó a la carbonización y proliferación de las termoeléctricas que han tenido un impacto en la salud y el medio ambiente”.
En total, fueron 126 proyectos aprobados, entre termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares. Muchos de los cuales contaron con una ayuda proveniente del propio Estado y radicada en el ministerio de Energía.
Conocidos como “los hombres de negro”, los ingenieros comerciales Juan José Rivas (PPD) y Jaime Bravo (PS), cumplían un rol clave apurando las iniciativas que permitirían inyectar más megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC). Tarea para lo cual contaban con todo el respaldo del ministro de Energía, Marcelo Tokman y que generó anticuerpos en muchas reparticiones, donde vivieron las presiones de estos “fast tracker” de Energía.
Tales fueron los casos de HidroAysén —de la sociedad Endesa-Colbún y finalmente aprobado en el gobierno de Piñera—, el de las minicentrales hidroeléctricas de pasada Palmar–Correntoso en el Parque Nacional Puyehue, o el de la planta Termoeléctrica de Farellones de la cuprífera Codelco, que terminó siendo bajado por la propia cuprera.
Durante el gobierno de Piñera, la figura de los “fast tracker” terminó siendo oficializada a través del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI).
Desacuerdo atómico
La relación del gobierno de Bachelet con el mundo medioambiental fue tensa. Entre otras cosas porque mientras era candidata selló un compromiso, denominado “Acuerdo de Chagual”, con diversas organizaciones donde se comprometía a cumplir una decena de puntos, lo que se llevó adelante parcialmente. El pacto no duró mucho: en 2008 el movimiento ambientalista lo dio por desahuciado, tras la decisión del gobierno de destinar platas públicas a estudios nucleares, uno de los compromisos que garantizaba no incluir esta opción en la matriz energética.Para Manuel Baquedano, el acuerdo en cuestión “supuso varias cosas que son adelantos, como la institucionalidad ambiental que finalmente se dotó de un ministerio, también se avanzó en una política de Parques Nacionales que aún no se resuelve en el Parlamento”.
En el tema energético, explica, “veíamos una profunda presión del mundo minero por la opción nuclear y finalmente la ex Presidenta no pudo mantener el compromiso. Le quebraron la mano”.
17 de junio de 2013
Declaración sindicato Siteco
Que el Pueblo Mande
DECLARACIÓN: Recuperar el COBRE para la EDUCACIÓN gratuita.
Bajo esta demanda estratégica, desde la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y El Sindicato SITECO hemos logrado convocar y sumar fuerzas junto a la CONFECH y la Unión Portuaria de Chile a diversos sectores sociales para una gran jornada de protesta a realizarse el día 26 de junio en todo el país.
Pararemos la producción de cobre, los porturarios paralizarán sus actividades y los estudiantes saldrán a las calles por cientos de miles en una jornada histórica de movilización efectiva por la Renacionalización del metal rojo para financiar la educación gratuita. Es un imperativo moral organizar, preparar y convocar a estas movilizaciones nacionales. La intransigencia del gobierno no va más y las promesas de la concertación no alcanzan a ocultar sus verdaderos intereses: Defender el lucro y el negocio de nuestros derechos sociales.
El cobre, el sueldo de Chile – que alguna vez fue nacional y que hoy está en manos extranjeras- es la solución para las demandas del movimiento estudiantil y de los trabajadores. Es justamente también el punto de conflicto, la demanda que divide aguas y separa radicalmente a la clase política del pueblo chileno. Ni la alianza ni la Concertación tocarán el cobre por su propia voluntad. Seremos nosotros, miles de hombres y mujeres sencillas, quienes unidos y en movilización, tomaremos el destino de la patria en nuestras propias manos.
¡Recuperar el cobre para la educación gratuita!
¡Todo Chile al paro nacional productivo!
Sindicato Siteco, 17 de Junio de 2013.
Declaración de la Unión Portuaria de Chile:
Que el Pueblo Mande
Declaración de la Unión Portuaria de Chile:
La Unión Portuaria de Chile paralizará sus labores en apoyo al movimiento estudiantil y por el fin de las AFP. En este sentido, la Unión Portuaria de Chile reunida en su Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, manifiesta por unanimidad su adhesión al paro nacional productivo convocado por los estudiantes para este 26 de junio de 2013. Es por ello que ese día paralizaremos los puertos del país a fin de hacer sentir en términos económicos nuestro total respaldo a la demanda de Educación Gratuita, el fin de las AFP y la instauración de un nuevo sistema solidario de reparto, de financiamiento tripartito y universal.
Creemos que la conquista de estas demandas estructurales requiere de la movilización del conjunto de la sociedad para terminar con la institucionalidad heredada de la dictadura y el modelo económico que ha privatizado los derechos sociales; es por ello que proponemos avanzar en la unidad de las organizaciones representativas del campo social y dejar de pelear por separado. Convocamos al CONFECH, a la ACES, a la Confederación de Trabajadores del Cobre, al Sindicato SITECO y al Movimiento Sindical contra las AFP a impulsar en las calles este 26 de junio la realización de un Encuentro de Convergencia Social para el mes de agosto que marque el inicio de una nueva etapa en la lucha social por el nuevo Chile que todos y todas anhelamos.
Unión Portuaria de Chile, Sábado 15 de junio de 2013.
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