Un informe secreto de la
Central Nacional de Informaciones (CNI), fechado en 1983, revela cómo la
dictadura militar espió durante años a los estudiantes en sus propios
colegios, informó este jueves la agencia alemana Dpa.
“Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las
‘marchas del hambre’, realizadas en el centro de Santiago”, señala uno
de los 30 mil archivos secretos que el órgano represor enviaba al
Ministerio de Educación de aquella época.
Salinas, quien al salir de su liceo siguió trabajando en su pastoral,
figura en los archivos junto a los nombres de decenas de otros jóvenes
como Diego Meza o Víctor Osorio, actual presidente del partido Izquierda
Cristiana (IC).
“Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que
apoyaron esto deben responder”, dijo hoy Osorio a Dpa al conocer los
archivos.
Estas operaciones, que abarcaron colegios religiosos, públicos y
privados como la Alianza Francesa en 1988, fueron acompañadas por el
despido masivo de profesores que pedían democracia y la capacitación de
los funcionarios de Educación en guerra psicológica.
Las fichas con antecedentes políticos de menores y docentes
elaboradas por la CNI llegaron de esta forma a las oficinas de los
ministros, con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría
profesores y apoderados que escribían directo a Pinochet.
La propia esposa del general, Lucía Hiriart, participó en este
circuito de vigilancia, alertando por escrito en 1988 de la supuesta
simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera. “Fue
nombrado directamente por la Presidencia”, la tranquilizó en respuesta
el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.
Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de
estudiantes y profesores. Según los documentos secretos en poder de
Dpa, Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen,
esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y de
civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y
el ex presidente de la Cámara Baja, el diputado Patricio Melero.
El esfuerzo por levantar un estudiantado leal fue apoyado además con
el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios
funcionarios, como consta en diversos oficios secretos. Los hijos de
ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron cursos
periódicos sobre “Seguridad Nacional” y “Doctrinas Totalitarias”, entre
otros.
Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de
jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la
AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera
víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en
1984.
Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción
coordinada entre el Ministerio de Educación y la policía secreta, la
CNI.
El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el
llamado “Plan de Guerra del Frente Interno”, las que coordinó a través
de su Oficina de Seguridad.
Las comunicaciones con la CNI, responsable de cientos de asesinatos y
miles de torturas, fueron diarias y muchos de esos documentos fueron
quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los
propios ministros.
Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, acreditada en
sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar
toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.
En ese marco, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos
sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba
los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.
El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del
Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la
expulsión de docentes opositores, a través del viceministro del
Interior, el hoy diputado Alberto Cardemil de Renovación Nacional.
Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o
traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a
bajo precio, como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986.
De hecho, hoy en Chile sólo un 36 por ciento de la matrícula escolar
es proveída por el Estado, en establecimientos con malos resultados
académicos mayoritariamente, según mediciones oficiales.
Las universidades públicas también son pagadas en miles de dólares
anuales, producto heredado por la democracias de la intervención de la
dictadura en su estructura y sistema de financiamiento.
En 2006 primero y luego desde 2011 a la fecha, cientos de miles de
estudiantes y colegios salieron a marchar exigiendo educación gratuita y
de calidad, tema central en el debate político actual, cuyo telón de
fondo son los comicios presidenciales de noviembre.