Una nueva forma de esclavitud

En realidad, formas de esclavitud existen muchas, en la antigüedad el esclavismo clásico (que en nuestro mundo moderno aún existe tanto en Africa y Asia, como en Sudamérica, luego la servidumbre en la sociedad medievall, pero a partir del siglo XIX, surgieron otras formas nuevas.

En Chile tras la guerra del Pacífico desde 18880 hasta 1930 aproximadamente, en manos de transnacionales británicas se llevó la explotación del salitre con mano de obra chilena, boliviana y peruana básicamente, donde los trabajadores vivían enn condiciones infrahumanas, ¿no se podría decir que esta era otra forma de esclavitud? .

Hoy en día en manos de las grandes transnacionales que se han desarrollado exuberantemente al calor del modelo neoliberal, se ha desarrollado una forma de producción de características absolutamente precarias, la flexibilización ha sido la base de las mas variadas jornadas laborales, los salarios dejan mucho que desear, todo esto abalado siempre por los gobiernos de turno, al servicio de estos grandes poderes económicos.

¿Quien puede decir que esto no es una nueva forma de esclavitud?

En esta sociedad moderna la esclavitud está escondida detrás de múltiples formas, que hoy son denominadas nuevas formas de producción (la flexibilización laboral, la dependencia de los grandes monopolios transnacionales, el trabajo precario, la producción a trato como en los talleres textiles, (tanto produces, tanto ganas, con tarifados realmente miserables, etc.).

Aquí un articulo publicado por el diario La Nación de la República Argentina que habla sobre una nueva forma de esclavitud, refiriéndose específicamente al tema del secuestro, y esto relacionado directamente con el tema de las FARC en Colombia, pero el tema está inconcluso, simplemente por el echo de que aunque puede ser ser absolutamente condenable, se ve una sola arista respecto de este tema obviando todas las otras formas de esclavitud existentes en nuestra “sociedad moderna”, que son consideradas como formas de producción absolutamente normales, no siendo cuestionadas por nadie, pues son el habitué en las relaciones laborales de nuestra “exitosa sociedad globalizada”

Por Hipólito Solari Yrigoyen Para LA NACION Viernes 25 de enero de 2008 | Publicado en la Edición impresa

Los sucesos vinculados al rescate de personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han dado origen a varias lecturas, en las que primaron los argumentos políticos. Los esfuerzos que se hagan para lograr la liberación de los cautivos siempre son auspiciosos, aunque existe el derecho a la crítica sobre los métodos que se utilicen para llevar adelante las buenas intenciones. No es mi deseo sumar mi voz a los análisis políticos del tema, sino referirme a los derechos humanos, enfoque que debe centrarse en el hecho de los secuestros en sí mismos y de las personas que son víctimas de esta crueldad.

Son muchos los derechos humanos que se desconocen con la práctica de los secuestros políticos. Se viola el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad personal; el derecho que tiene toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; el derecho a poder circular libremente y a escoger su lugar de residencia. Se violan los derechos a un juicio justo y a no a ser condenado por actos u omisiones que no fueran delictivos. Se viola el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de una persona; a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra y reputación; a la libertad de pensamiento y de creencias. Se violan los derechos de reunión, de protección de la familia, de opinión, a la libertad de expresión, de igualdad ante la ley, a no ser discriminado y los derechos del niño cuando se trata de menores.

Sin embargo, hay otro derecho fundamental que se viola y que merece un comentario especial. Se trata de la prohibición absoluta de ser sometido a esclavitud. "Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas", proclama la Declaración Universal de 1948. En términos análogos se expresa en su artículo 8° el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aplica e interpreta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El secuestro político es una nueva forma de esclavitud y el secuestrado es un esclavo sometido a servidumbre.

La antigua Sociedad de las Naciones, que funcionó después de la Primera Guerra Mundial, aprobó, en 1926, en Ginebra, un Convenio sobre la Abolición de la Esclavitud. La esclavitud, tal como está definida en este Convenio, es el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad. El secuestro político tiene esas características y es, por lo tanto, una nueva forma de esclavitud, y la víctima él es un esclavo reducido por la fuerza al estado de servidumbre.

En 1956, las Naciones Unidas aprobaron la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas, que entró en vigor el 30 de abril de 1957. Por analogía, entonces, se asimilaron a la esclavitud nuevos casos de servidumbre, como la que se establece por deudas, la de la gleba, la entrega de una mujer en matrimonio sin derecho a oponerse a cambio de dinero o especies, la entrega de niños y adolescentes con el propósito de que se explote su trabajo, la prostitución infantil, la mutilación sexual de las niñas, la utilización de los niños en conflictos armados, la trata de personas y otros crímenes similares.

El secuestro político no fue incorporado entonces a las prácticas análogas a la esclavitud y, por lo tanto, no está comprendido en la Convención Suplementaria, pero ésta dejó la puerta abierta para futuras nuevas ampliaciones, ya que, como se dice en sus considerandos, el objetivo es intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a abolir la esclavitud y las instituciones y prácticas análogas a ella, y ese propósito no se agotó con los casos enumerados. Al haberse difundido esta nueva práctica, debe constituir un delito internacional con obligación de incluirlo en las legislaciones nacionales como un crimen autónomo.

Las Naciones Unidas deben reconocer oficialmente esta nueva forma de esclavitud para luchar por su abolición, y sería auspicioso que la Argentina promoviese ese reconocimiento.

El autor fue senador nacional; preside la ONG Nuevos Derechos del Hombre.